Diez años después del referéndum que llevó a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el mercado británico sigue siendo un destino estratégico para las frutas y hortalizas españolas. Sin embargo, el nuevo marco comercial introducido por el Brexit ha conllevado un aumento de los trámites administrativos, los costes operativos y la competencia de terceros países.
Según datos recopilados por FEPEX a partir de estadísticas del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de España, entre 2016 y 2025, las exportaciones españolas de fruta y hortaliza fresca al Reino Unido disminuyeron un 16,6% en volumen, pasando de 1,55 millones de toneladas a 1,29 millones. En el mismo periodo, el valor de las exportaciones aumentó un 29,5%, alcanzando los 2,27 millones de euros, frente a los 1,75 millones de euros de 2016.
Incluso considerando el periodo posterior a la salida efectiva del mercado único europeo, la tendencia parece similar. Entre 2021 y 2025, el volumen de exportaciones disminuyó un 14,4%, mientras que el valor aumentó un 8,1%. El Reino Unido confirma así su posición como tercer mayor mercado de destino para las frutas y hortalizas españolas, por detrás de Alemania y Francia.
Sin embargo, el aumento del valor de las exportaciones no se traduce automáticamente en una mayor rentabilidad para las empresas. El incremento de los precios de venta ha venido acompañado de un aumento significativo de los costes relacionados con los nuevos trámites exigidos por las autoridades británicas.
Tras el Brexit, Londres introdujo una serie de controles y requisitos adicionales para la importación de productos frescos procedentes de la Unión Europea. Desde enero de 2021, la presentación de una declaración de aduanas y un certificado de conformidad con las normas de comercialización es obligatoria para la mayoría de los productos hortofrutícolas.
Estos requisitos han generado una carga administrativa que los operadores han tenido que asumir directamente. A esto se suman mayores costos logísticos y una mayor complejidad en la gestión de los envíos.
Entre las medidas previstas figuraba la introducción de un certificado fitosanitario obligatorio para frutas y hortalizas frescas. Sin embargo, la implementación de este requisito se ha pospuesto en varias ocasiones debido a dificultades operativas y a los elevados costes que habría generado a lo largo de la cadena de suministro.
Para los productos hortofrutícolas clasificados como de riesgo medio o bajo, el requisito debería entrar en vigor en enero de 2027. La situación es diferente para los productos considerados de alto riesgo, como plantas, flores y patatas, para los que ya se aplican controles fitosanitarios desde hace varios años.
Mientras tanto, la Comisión Europea y el gobierno británico están negociando un protocolo sanitario y fitosanitario que podría permitir evitar la aplicación de algunos de estos controles, aliviando así la carga para las empresas exportadoras.
Además del aumento de los costes, otro efecto significativo del Brexit es la creciente presencia de países no europeos en el mercado británico. La nueva configuración comercial ha favorecido el avance de proveedores de mercados de terceros países, incrementando la presión competitiva sobre los productores españoles.
Para el sector hortofrutícola ibérico, el Reino Unido sigue siendo un socio comercial clave, pero el entorno operativo es ahora más complejo que antes del Brexit. Las empresas se enfrentan a mayores trámites burocráticos, costes más elevados y una competencia internacional cada vez más intensa.
