EuroCommerce e Independent Retail Europe, dos de las principales asociaciones que representan al comercio minorista y mayorista en Europa, han enviado una carta a la Comisión Europea pidiendo una solución legislativa para eliminar las Restricciones Territoriales de Suministro (TSC). Las dos organizaciones también instaron a la Comisión Europea a anunciar una iniciativa de este tipo en la próxima Estrategia del Mercado Único.
En la carta, las asociaciones denuncian que la mayoría de los bienes de consumo –los más apreciados y reconocidos por los ciudadanos europeos– están controlados por un pequeño número de grandes empresas fabricantes. Estas empresas, aunque se benefician de las economías de escala y la eficiencia que ofrece el Mercado Único, tienden a centralizar la producción en unas pocas plantas estratégicamente ubicadas en toda la UE, aprovechando la libre circulación de bienes para optimizar los costos.
Sin embargo, según EuroCommerce e Independent Retail Europe, los propios fabricantes fragmentan voluntariamente el mercado en la fase de distribución, imponiendo restricciones territoriales a los minoristas y mayoristas. Estas restricciones se manifiestan de diversas formas: diferenciación de embalajes y etiquetas, rechazo de suministro, diferenciaciones arbitrarias de precios o restricciones a las ventas transfronterizas.
Estas prácticas, afirma la carta, obstaculizan la libre competencia e impiden que distribuidores y consumidores se beneficien plenamente del mercado único europeo.
Un costo de mil millones de dólares para los consumidores
Ya en 2020, un estudio de la Comisión había cuantificado el coste de estas prácticas para los consumidores europeos en al menos 14 millones de euros al año, considerando solo cuatro categorías de productos alimenticios. Con el aumento de la inflación alimentaria registrado por Eurostat en los últimos años, la cifra actual podría acercarse a los 19 millones de euros.
EuroCommerce e Independent Retail Europe manifestaron su satisfacción por las medidas adoptadas hasta ahora por la Comisión contra AB InBev y Mondelēz, dos casos emblemáticos de restricciones territoriales. Sin embargo, subrayaron que el derecho europeo de la competencia no es suficiente para abordar eficazmente el fenómeno, ya que sólo se aplica a las empresas en posición dominante.
De ahí la petición de una intervención legislativa específica, capaz de garantizar un acceso equitativo a los productos en toda la Unión, en beneficio de la competencia, de los pequeños distribuidores y, sobre todo, de los consumidores.
