La mayoría de los países sudamericanos han experimentado en las últimas semanas una aceleración inflacionaria provocada por dos factores superpuestos: por un lado, la guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz —que ha impulsado el Brent arriba de los 100 dólares, arrastrando al alza el diésel, la gasolina y los costes logísticos— y, por otro, dinámicas internas específicas de cada mercado.
El dato más crítico de la región se registra en Perú. En marzo, el IPC mensual de Lima alcanzó el +2,38%, el nivel más alto en 32 años, elevando la inflación anual al 3,8% y superando por primera vez en dos años el techo del 3%. El segmento de alimentos y bebidas creció un +5,4% interanual (BBVA Research, Bloomberg Línea). Las causas responden a una combinación particularmente adversa: la ruptura del gasoducto de Camisea —que abastece gran parte del gas natural del país— junto con el encarecimiento de los combustibles a nivel global. El Banco Central mantiene los tipos en el 4,25% y considera el fenómeno transitorio.
En Brasil, el IPCA de marzo se situó en el +0,88% mensual (frente al +0,70% de febrero), llevando la inflación anual al 4,14%, por encima del objetivo del 3% y próxima al techo del 4,5%. El segmento de alimentación en el hogar registró un incremento del +1,94% mensual, el más elevado desde 2022. El diésel aumentó un 13,9% en marzo. El Copom redujo la tasa Selic al 14,75% en marzo, pero podría suspender nuevos recortes en la reunión del 28-29 de abril.
En Chile, tras varios meses con inflación por debajo del 3%, el IPC volvió a acelerarse en marzo hasta el +1,0% mensual, superando las expectativas del consenso (0,8-0,9%), con una inflación anual que se sitúa en el 2,8%. La gasolina aumentó un 8,2% y el diésel un 12,8%, en parte como consecuencia de la eliminación del mecanismo de subsidio a los combustibles (MEPCO) por parte del gobierno. El tomate registró un alza del +17,6%. Los analistas prevén un abril aún más complejo, con un IPC mensual estimado entre el 1,4% y el 1,6%, y una inflación anual proyectada para finales de año entre el 4,2% y el 4,9%, claramente por encima del objetivo del 3%. Los tipos se mantienen en el 4,5%.
El caso de Colombia merece un análisis específico. En marzo, la inflación anual alcanzó el 5,56% (desde el 5,29% de febrero), confirmando una tendencia al alza ya evidente a comienzos de año. El segmento de alimentos y bebidas registró una variación mensual del +1,27%, la más elevada desde diciembre, con incrementos significativos en productos como el tomate (+13,58%) y las frutas frescas (+8,66%).
El principal motor inflacionario es de naturaleza interna: el aumento del salario mínimo del 23,5%, anunciado por el presidente Gustavo Petro el pasado 29 de diciembre, que elevó el salario hasta 1.750.905 pesos (2.000.000 COP incluyendo auxilio de transporte), sin acuerdo con la Comisión de Concertación. En un contexto en el que la inflación se situaba en el 5,1%, este ajuste implicó un incremento real cercano a 18 puntos porcentuales, constituyendo una anomalía histórica.
El impacto ha sido inmediato. Para los empleadores, el coste laboral no se limita al salario base: considerando EPS, pensiones, cajas de compensación, cesantías e intereses, el coste total por empleado con salario mínimo pasó de 2.440.252 a 2.820.151 COP mensuales, lo que supone un incremento del 15,6%.
Según una encuesta realizada a cerca de 6.000 empresas por las Cámaras de Comercio colombianas, el 37,2% respondió aumentando precios, el 25,1% redujo personal, el 22,1% congeló o retrasó contrataciones y solo el 3,3% incrementó el empleo. Esto confirma que el ajuste salarial se ha trasladado principalmente a inflación, y no a creación de empleo.
Algunos sectores evidencian claramente este impacto. En actividades agrícolas formalizadas como la palma de aceite, la floricultura o la porcicultura, los costes de producción han aumentado entre un 20% y un 35%, impulsados por fertilizantes y mano de obra, incrementos que inevitablemente deben trasladarse al consumidor. El transporte de alimentos, indexado al salario mínimo, ha amplificado el efecto a lo largo de toda la cadena de distribución. Asimismo, alquileres, restauración y servicios públicos ajustan sus contratos tomando el salario mínimo como referencia.
Según ANIF, este mecanismo de indexación generará presiones inflacionarias durante todo 2026, y no únicamente en el primer trimestre. Este es un punto crítico para el sector retail. Un análisis reciente de Cibus Link estima que, en el gran consumo colombiano —donde los márgenes operativos oscilan entre el 2% y el 5%—, el aumento del coste laboral puede reducir el EBITDA entre un 30% y un 50% en el corto plazo.
Las previsiones de inflación para finales de 2026 se sitúan ahora en el 6,5% según Grupo Aval y Valora Analitik, frente al 5,1% de cierre de 2025. En este contexto, el Banco de la República difícilmente podrá reducir tipos y podría incluso elevarlos hasta el 12,75%, según estimaciones de Bancolombia.
Por último, el caso de Argentina muestra una dinámica distinta. La inflación alimentaria mensual se sitúa entre el 1,6% y el 2% en las últimas semanas, desacelerándose respecto al pico de finales de febrero. Las carnes, tras registrar incrementos cercanos al 10% durante tres meses consecutivos, comienzan a mostrar una corrección (-2% semanal en abril). No obstante, las expectativas de inflación anual para 2026 han sido revisadas al alza hasta el 29,1%, en parte por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.
En síntesis, la inflación está atravesando nuevamente el continente sudamericano con intensidad. El denominador común es el traslado de los costes energéticos a lo largo de la cadena logística alimentaria, amplificado en Colombia por presiones salariales internas y en Perú por un shock infraestructural. Este contexto está acelerando de forma significativa la penetración de los formatos hard discount en la región, consolidándolos como uno de los principales beneficiarios de este nuevo ciclo económico.
